La Cámara de Diputados aprueba reformas a la ley contra la trata de personas, incluyendo sanciones por explotación laboral
MÉXICO.- En una histórica medida, la Cámara de Diputados de México aprobó una enmienda a la ley contra la trata de personas que castiga con hasta 12 años de prisión las jornadas laborales que superen las 48 horas semanales.
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Esta reforma, que busca abordar la explotación laboral, fue respaldada en medio de la discusión para incrementar de uno a dos días el mínimo de descanso semanal, lo que reduciría automáticamente la jornada laboral estándar de 48 a 40 horas por semana.
La modificación legal, que ahora pasará al Senado de la República para su revisión, forma parte de un esfuerzo más amplio para brindar mayor protección a las personas trabajadoras, especialmente aquellas que son más susceptibles a la trata de personas.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia, impulsora de la iniciativa, señaló que factores como el desempleo, la desigualdad, la pobreza y la violencia ponen en una situación vulnerable a miles de trabajadores, destacando que las mujeres fueron particularmente afectadas durante la pandemia.
La reforma amplía la protección a las víctimas de trata, estableciendo penas más severas, hasta 50 años, cuando estas sean menores de 18 años o mayores de 60 años, no tengan la capacidad de comprender el hecho o de resistirlo, pertenezcan a comunidades indígenas, sean afromexicanas, estén embarazadas o tengan alguna discapacidad.
En el ámbito laboral, se añade un cuarto tipo de explotación a la ley: "Jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley". Aquellos que incurran en este delito enfrentarán penas de 4 a 12 años de prisión, y de 7,000 a 70,000 días de multa si la explotación es contra personas indígenas o afromexicanas.
Con México teniendo las jornadas laborales más extensas entre los miembros de la OCDE, la medida también busca abordar el problema de las largas horas de trabajo, que, según la ENOE, afecta a más de 15 millones de personas en el país.
La reforma reconoce las condiciones desafiantes del entorno laboral y establece un marco legal más sólido para combatir la trata de personas, considerada como una forma de esclavitud moderna en pleno siglo XXI.
Además, incluye principios de interseccionalidad, interculturalidad y un enfoque de derechos humanos, así como la obligación de establecer refugios especializados para atender a las víctimas en cada entidad federativa del país.