Adjudicación a Triata, Uninet y empresas de Carlos Slim Helú genera debate sobre transparencia en contrataciones gubernamentales
MÉXICO.- La reciente adjudicación por parte del Banco del Bienestar de un contrato por la suma de 3,262,247,533.70 pesos para el "Servicio Integral Administrado de Centro de Datos" a Triata, en colaboración con Uninet, Teléfonos de México, Scitum y B Drive It, pertenecientes al empresario Carlos Slim Helú, ha desatado una intensa polémica en torno a la transparencia en las contrataciones gubernamentales.
La sociedad exige una revisión exhaustiva de estos contratos para garantizar que se hayan realizado de manera ética y legal, protegiendo así el interés público y la integridad de las instituciones gubernamentales involucradas. | especial
Según el documento oficial, la asignación se realizó siguiendo un proceso que aseguró el cumplimiento de los requisitos administrativos, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria, garantizando así el adecuado cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
El contrato, con vigencia desde el día siguiente a la notificación del fallo hasta el 31 de diciembre de 2024, plantea cambios significativos en los horarios laborales y en la operación del Banco del Bienestar.
Este hecho se suma a otras contrataciones del Banco del Bienestar que han generado controversia, como la reciente contratación del "Servicio Integral de Jardinería" para su sede central en la Ciudad de México.
Entre las actividades contempladas en este contrato se encuentra la fumigación del jardín cada 2 meses, un servicio que se incluye para prevenir la proliferación de plagas en el área.
Asimismo, se ha cuestionado la contratación de la empresa coreana Hyosung TNS por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para abastecer de cajeros automáticos las sucursales del Banco del Bienestar en 2019.
La Sedena ha declarado no tener información sobre este contrato, generando incertidumbre y poniendo en duda la transparencia en los procesos de contratación.
La falta de claridad en torno a estas contrataciones ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
La sociedad exige una revisión exhaustiva de estos contratos para garantizar que se hayan realizado de manera ética y legal, protegiendo así el interés público y la integridad de las instituciones gubernamentales involucradas.