La persistente oferta de tarjetas de crédito revela la preocupante práctica de intercambio ilegal de datos financieros
MÉXICO.- En la era digital, la protección de datos personales se ha vuelto una preocupación constante para los usuarios de servicios financieros.
Es fundamental que los usuarios estén informados y sean conscientes de sus derechos, así como de las prácticas y herramientas disponibles para proteger sus datos personales | pexels
David, un joven que acaba de tramitar su primera tarjeta de crédito, se enfrenta a un dilema inquietante: la insistente oferta de promotores bancarios que le ofrecen cada vez más plásticos, algunos desconocidos y otros tentadores a su juicio. Esto ha despertado en él la pregunta de cómo estas entidades obtienen sus datos financieros y de contacto.
Según Mario Di Costanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las entidades financieras y sus socios comerciales manejan sus bases de datos utilizando mecanismos que oscilan entre lo aceptable y lo incorrecto. Estas prácticas mercadológicas pueden resultar desagradables para los usuarios, pero existen.
El funcionario ha advertido sobre un mecanismo ilegal de intercambio de datos, en el cual los operadores de call centers obtienen información de las bases de datos y la comparten con otras instituciones financieras para ofrecer productos de distintos bancos o aseguradoras. Lamentablemente, en ocasiones se hace un mal uso de estas bases de datos y se revuelven los datos de los usuarios.
Di Costanzo subraya que estas prácticas no están justificadas ni son aceptables, ya que se trata de malas prácticas que incluso los propios operadores pueden llevar a cabo. Además, se ha detectado que existe un comercio ilegal de bases de datos, lo cual agrava aún más la situación.
Ante esta problemática, tanto David como cualquier usuario preocupado por evitar caer en situaciones similares tienen a su disposición dos herramientas fundamentales: la lectura del contrato y el Registro Público de Usuarios (Reus).
En cuanto a la lectura del contrato, David admite tímidamente que solo leyó parte de la carátula del mismo, lo cual no es sorprendente en un país donde se estima que alrededor del 80% de la población no lee los documentos relacionados con distintas operaciones, incluyendo las financieras.
Este problema se vuelve relevante cuando los call centers insisten en colocar productos, ya que el usuario puede haber autorizado estas llamadas sin saberlo al firmar el contrato de su tarjeta.
Según Di Costanzo, es una práctica saludable y revisada que al final de los contratos se incluya una pregunta sobre si el usuario autoriza las llamadas publicitarias. Esta pregunta debe encontrarse en la última página del contrato, después de que el usuario ha revisado el documento y determinado si desea recibir llamadas publicitarias al contratar el producto.
Sin embargo, David menciona que el promotor que le asesoró en la firma de su contrato no le explicó claramente el propósito de cada firma y si alguna era opcional, como la que permite al banco llamarlo prácticamente a diario en su teléfono celular. Existe la posibilidad de que este espacio no estuviera presente en el contrato o de que David no lo haya notado debido a su falta de lectura detallada.
El titular de la Condusef advierte que si esta autorización no se encuentra en el contrato, está tachada o escrita con una letra menor a Arial 11, se trata de una irregularidad sancionable con multas que van desde 200 hasta 2,000 días de salario mínimo. Estas multas se aplican cuando la comisión supervisa los expedientes o contratos registrados en el Registro de Contratos de Adhesión (Reca).
En caso de que los usuarios hayan firmado sin darse cuenta o sin conocer las implicaciones, el Registro Público de Usuarios (Reus) de la Condusef se convierte en su mejor aliado. Este registro está compuesto por usuarios que no desean recibir información publicitaria de productos y servicios financieros en sus prácticas de mercadotecnia.
Para acceder al Reus, se deben proporcionar dos números telefónicos (uno fijo y otro móvil), tanto personales como laborales, así como un correo electrónico particular o laboral. Después de 45 días naturales, los datos del usuario deben estar actualizados y las llamadas o correos publicitarios deberían cesar.
En caso de detectar un mal uso de sus datos y no estar registrado en el Reus, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos es la instancia encargada de atender estos casos. Si el usuario se encuentra registrado en el Reus, la Condusef puede brindarle apoyo.
La privacidad financiera se vuelve cada vez más relevante en un mundo digitalizado. Es fundamental que los usuarios estén informados y sean conscientes de sus derechos, así como de las prácticas y herramientas disponibles para proteger sus datos personales y evitar caer en situaciones indeseables como la de David.
Fuente: Condusef