La Profeco, con el objetivo de que los derechos del consumidor sean tomados en cuenta, hace un llamado a los usuarios para que denuncien si han experimentado alguna mala experiencia con estas empresas
MÉXICO-. En los últimos días, la Profeco ha utilizado sus medios sociales oficiales para informar al público sobre la persistencia de acciones legales y denuncias relacionadas con Ticketmaster y Ocesa, dos empresas prominentes en el ámbito de la venta de boletos y entretenimiento.
Se alienta a aquellos que hayan sido afectados por estas compañías en el pasado a tomar medidas legales apropiadas.
Las acciones colectivas en contra de estas empresas
Las acciones colectivas en contra de Ticketmaster y Ocesa están dirigidas a aquellos usuarios que hayan experimentado situaciones negativas, como la cancelación unilateral de boletos, incumplimiento de las condiciones y modalidades originalmente ofrecidas por los proveedores de eventos de entretenimiento, o la negativa a la devolución del monto pagado, incluidos los cargos por servicio y la bonificación del 20% del costo total del boleto.
Para iniciar el proceso de acción colectiva, los afectados deben presentar la siguiente documentación:
- Formato de consentimiento expreso.
- Relatoria de hechos: un escrito libre firmado por el consumidor afectado, detallando el modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos cometidos por el proveedor.
- Formato Adicional de Datos Personales.
- Documentos que comprueben la relación de consumo, como tickets, facturas, estados de cuenta, transferencias bancarias, correos electrónicos de confirmación de compra, entre otros.
Los formatos necesarios pueden obtenerse en el Portal de Acciones Colectivas de la Profeco. Para consultas adicionales o dudas, se puede contactar a la Profeco a través del teléfono 55 5625 6700, extensiones 11121, 11292, 11122, 11357 o 11176, o mediante el correo electrónico acolectivas@profeco.gob.mx, en horario de lunes a viernes de 9 a 6 pm.
La Profeco reitera su compromiso de proteger los derechos de los consumidores y garantizar que se tomen medidas adecuadas en casos de presuntas violaciones por parte de empresas proveedoras de servicios.