Es crucial analizar tanto las implicaciones económicas a corto plazo como los desafíos a largo plazo que enfrenta el sistema de pensiones, así como la necesidad de reformas fiscales para garantizar su viabilidad.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha estimado que de aprobarse la iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de pensiones, junto con las propuestas de las candidatas, el gasto presupuestal en este rubro ascendería del 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB) actual a un 7.8% para el año 2030.
Es crucial analizar tanto las implicaciones económicas a corto plazo como los desafíos a largo plazo que enfrenta el sistema de pensiones, así como la necesidad de reformas fiscales para garantizar su viabilidad. | Pexels
Alejandra Macías, directora del organismo, ha alertado sobre las consecuencias del acelerado aumento de compromisos de gasto en pensiones, advirtiendo que podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas y el financiamiento de otros derechos fundamentales como la salud y la educación. En sus palabras:
"Continuar incrementando esa proporción, implicaría seguir descobijando políticas públicas importantes, como la creación e implementación de un sistema de cuidados".
Incluso sin la aprobación de las iniciativas ni la implementación de las propuestas, Macías subrayó que, considerando únicamente la dinámica poblacional y las actualizaciones de montos por inflación, para 2030 se dedicaría un 7.1% del PIB al pago de pensiones de todo tipo.
El gasto en pensiones alcanzaría un 7.8% del PIB
Sin embargo, de aprobarse las iniciativas de reformas constitucionales y los aumentos “progresivos” a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (PBAM) del 15% anualmente, el gasto en pensiones alcanzaría un 7.8% del PIB en seis años.
Por otro lado, funcionarios de la Secretaría de Hacienda proyectan una disminución en los ingresos públicos, que podrían situarse en un 20.8% del PIB para el año 2029.
Ante el riesgo de recortes en otros gastos esenciales y la ausencia de un sistema de cuidados, se sugiere una reforma de pensiones profunda dentro de un marco de reforma fiscal progresiva.
Preocupaciones a largo plazo y necesidad de reforma fiscal
Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO, advierte que el programa de PBAM podría generar complicaciones financieras significativas para las finanzas públicas a largo plazo. Proyecciones del Conapo indican que para el año 2050, el 25.7% de la población total del país tendrá 65 años o más, lo que duplicaría la cifra actual del 12.8%, debido a la inversión de la pirámide poblacional.
El envejecimiento de la población, sumado a las actuales obligaciones de pensiones, ejerce una presión considerable sobre las finanzas públicas, especialmente en un contexto donde los ingresos no experimentan un crecimiento proporcional.
Gobierno ha agotado el espacio fiscal disponible
Enrique Díaz-Infante, director del Sector Financiero del Centro de Estudios Espinoza Yglesias, propone que el actual gobierno ha agotado el espacio fiscal disponible, lo que requerirá que la próxima administración implemente una reforma fiscal para garantizar su funcionamiento.
A pesar de que funcionarios de Hacienda contemplan reducciones en el gasto para consolidar las finanzas públicas, Díaz-Infante señala que las opciones de recorte son limitadas sin afectar el funcionamiento del gobierno.
Perspectiva de calificación crediticia y desafíos futuros
Carrillo descarta riesgos inmediatos para la calificación crediticia de México, pero advierte sobre posibles riesgos de degradación a mediano plazo, dependiendo de cómo se maneje el gasto público en un contexto de ingresos tributarios y petroleros estancados, y un endeudamiento en aumento.
La calificadora Standard and Poor’s (S&P) reconoce que las reformas actuales en materia de pensiones ya ejercen presión fiscal. Sobre la iniciativa del presidente López Obrador de aumentar las tasas de reemplazo al 100% del último salario, S&P afirma que aún no está claro si las fuentes de financiamiento previstas serán suficientes y si la reforma afectará su evaluación fiscal del país.