Según un análisis de Manpower Group, se estima que 460 mil empleos se perderían directamente si se recurre a la prohibición del outsourcing y 2 millones 760 mil más pasarían a esquemas sin seguridad social
MÉXICO.- La discusión del dictamen en materia de subcontratación en la Cámara de Diputados, permitirá que las organizaciones en el País tengan un punto de partida sobre cómo adecuarse a las nuevas disposiciones, consideró Manpower Group.
“Estamos en un contexto de incertidumbre y esto detiene decisiones de las organizaciones que impactan en la generación de empleos, respecto a mantener, aumentar o disminuir la plantilla laboral”, explicó la presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, Mónica Flores.
Según un análisis de Manpower Group, se estima que 460 mil empleos se perderían directamente si se recurre a la prohibición del outsourcing y 2 millones 760 mil más pasarían a esquemas sin seguridad social.
En este panorama, se prevé que únicamente 1 millón 380 mil podrían ser absorbidos como empleados de base por las empresas, al cruzar los 4 millones 600 mil empleos subcontratados que existen en el País, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Hacer que se cumpla la ley y acabar con malas prácticas es una vía preferente a sobrerregular y prohibir el outsorcing, ya que esto impactará el panorama del empleo formal, consideraron.
El mundo va hacia la flexibilización laboral donde todos queremos fomentar empleo para recuperar lo perdido por la pandemia; una ley restrictiva y prohibitiva va a poner barreras a la contratación y no generará confianza en la inversión”, explicó la presidenta de ManpowetGroup en Latinoamérica.
En un contexto de pandemia de Covid-19, se necesitan medidas que reactiven la economía, a su vez que el territorio para la evasión y elusión fiscal por medio de la subcontratación ilegal demanda regularse para transformarlo en empleo formal, detallaron.
“La forma de crear empleo formal es atraer inversión nacional y extrajera, generar confianza, y facilitar la contratación de personas. La confianza no depende sólo de una nueva legislación, sino también que se aplique, se vigile y se haga cumplir la ley”, refirió.