El Plan de Reconstrucción de Acapulco enfrenta críticas por recursos insuficientes y falta de atención a Pymes y grandes empresas, mientras se plantea la necesidad de aprovechar la banca de desarrollo y la inversión institucional para impulsar la recuperación del destino turístico
MÉXICO.- El Plan de Reconstrucción de Acapulco (PGRAPAACB) ha generado un debate intenso entre los críticos que consideran que el programa gubernamental presenta deficiencias significativas en su alcance y enfoque.
Uno de los principales puntos de preocupación es la percepción de que los recursos asignados al programa son insuficientes para afrontar los estragos causados por el huracán Otis, un desastre natural de gran magnitud.
El gobierno federal ha anunciado una asignación de 61 mil millones de pesos para la recuperación, pero algunos críticos argumentan que esta cifra podría ser irreal y no superar los 40 mil millones efectivos.
Además, esta cantidad se encuentra muy por debajo de las estimaciones de daño realizadas por la agencia Fitch, que ascienden a 16 mil millones de dólares, aproximadamente 288 mil millones de pesos.
El cuestionamiento sobre la cancelación del Fonden, un fondo de desastres naturales con reglas de operación claras y recursos específicos, también se presenta como un punto crucial en la crítica.
En lugar de contar con el respaldo del Fonden, el programa se basa en una partida presupuestal de 17 mil millones de pesos, que algunos consideran insuficiente y temen que la centralización política de estos recursos pueda limitar su efectividad.
El enfoque del programa hacia la población más necesitada ha sido señalado como una característica típica de la Cuarta Transformación (4T), pero también ha generado preocupaciones.
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y las grandes empresas, que son fundamentales como fuentes de empleo, parecen haber quedado excluidas, al recibir una asignación de tan solo 25 mil pesos, que algunos críticos consideran insuficiente incluso para la limpieza de escombros de un local.
Además, la falta de prórrogas y condonaciones fiscales para empresas que enfrentan dificultades debido a la falta de actividad económica ha sido criticada.
El panorama financiero del gobierno también se presenta como un desafío importante, con un creciente déficit fiscal para el año 2024 y preocupaciones sobre las finanzas de empresas estatales como Pemex y CFE, que enfrentan deudas vencidas y pagos atrasados a proveedores y contratistas.
Sin embargo, los críticos sostienen que el programa oficial podría ser complementado por otros programas y recursos disponibles en México.
Se destaca la falta de mención de la banca de desarrollo en el plan, con un único renglón que menciona que Nacional Financiera otorgará créditos a Pymes sin intereses, sin especificar el monto. La ausencia de instituciones como Banobras, Fonatur, la Financiera del campo, FIRA y Focir también ha sido notada.
Se argumenta que la banca de desarrollo y los bancos comerciales privados cuentan con una capacidad financiera significativa que podría aprovecharse para financiar la reconstrucción y revitalización de Acapulco y la economía en general.
Con un capital neto de más de un billón de pesos y una capacidad de financiamiento adicional, se plantea que el sistema bancario tiene recursos para respaldar proyectos de gran envergadura.
Además, se señala que el Sistema de Ahorro para el Retiro, que administra activos por cerca de 5.7 billones de pesos, podría desempeñar un papel importante en la garantía de financiamiento a largo plazo para sectores como restaurantes, entretenimiento, hoteles y transporte. También se sugiere que Banobras y el Fonatur podrían proporcionar financiamiento para infraestructura urbana.
Acapulco, con su potencial turístico, representa una oportunidad valiosa para la recuperación y el crecimiento económico, pero se advierte que es esencial abordar no solo la asignación de recursos financieros, sino también la seguridad y el orden público en la ciudad para asegurar su éxito a largo plazo.