De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Infonavit e IMSS, las bajas injustificadas impactan de forma negativa en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de las personas
MÉXICO.- Autoridades identificaron por tercer año consecutivo, la práctica en diciembre de dar de baja a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para recontratarlos en enero próximo.
De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Infonavit e IMSS, las bajas injustificadas impactan de forma negativa en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de las personas.
Autoridades revelaron que entre noviembre y diciembre de 2021, se perdieron 312 mil 902 puestos de trabajo, de los cuales el 69.1% se habían registrado como empleos permanentes.
Si bien existen contrataciones temporales legítimas, lo cierto es que muchas de las personas trabajadas dadas de baja en diciembre y recontratadas en enero están registradas por los patrones ante el IMSS como permanentes; por lo tanto, estas bajas son una práctica totalmente irregular”, detallaron.
Respecto a las cifras mencionadas, durante enero de 2022, se recontrataron con la misma empresa 126 mil 256 personas que fueron dadas de baja en diciembre de 2021.
Por ello, autoridades enviaron cartas a los patrones que sospechan incurren en estas prácticas, para que revisen si el manejo de su plantilla laboral está de acuerdo con el marco normativo vigente y eviten realizar acciones que vulneren los derechos de las personas trabajadoras concernidas, como consecuencia de la elusión de obligaciones en materia laboral y de seguridad social.
En el comunicado se destacó la relevancia de que las personas trabajadoras y sus familias estén siempre protegidas con todas las prestaciones a las que tienen derecho.
El incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales que pueden poner en riesgo las finanzas de las empresas e incluso ocasionar que los patrones enfrenten responsabilidades administrativas y penales.